El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano al reconocer que los actos de corrupción cometidos por altos mandos militares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) ocasionaron daños civiles, reputacionales y morales al Estado, por lo que deben ser resarcidos.
El Ministerio Público había solicitado formalmente una indemnización de la suma de 20,974 millones de pesos por daños y perjuicios presuntamente ocasionados por el supuesto entramado
La sentencia, que condena a 20 años de prisión a los exdirectores del CUSEP y del CESTUR, Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como a otros 27 imputados, constituye un precedente al reconocer el daño causado al Estado.
“Esta sentencia es significativa, ejemplar y, sobre todo, histórica”, expresó José Alberto Ortiz, integrante del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), al destacar que es la primera vez que una cúpula militar activa es condenada por los tribunales de la República Dominicana por hechos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas.
Ortiz, acompañado por Rafael Rivas, uno de los coordinadores del ERPP, y el abogado Alberto Caamaño, resaltó la decisión emitida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado y afirmó que se trata de “la indemnización más alta que se ha otorgado en favor de una víctima en un caso de corrupción pública”.
La decisión, cuya lectura íntegra está pautada para el 14 de agosto, representa un hito en materia de corrupción administrativa al reconocer al Estado dominicano como víctima directa de graves daños patrimoniales, institucionales y morales.
“Reconocieron que el Estado dominicano sufrió un daño reputacional, reconocieron el daño que sufrió la institución del presidente de la República, reconocieron el daño que sufrió el turismo dominicano, a través de la Policía Turística, y, sobre todo, son cinco mil millones que van a retornar a las arcas del pueblo dominicano, tal y como el presidente Luis Abinader prometió al contratar este equipo de abogados”, enfatizó.
El ERPP sostuvo que esta indemnización no debe verse como una cifra abstracta, sino como una herramienta de reparación social. Indicó que los fondos recuperados pertenecen al pueblo dominicano y deben traducirse en obras, servicios públicos, fortalecimiento institucional y garantías de no repetición.
Asimismo, el equipo valoró el trabajo realizado por el Ministerio Público, los órganos de investigación, los peritos, los testigos y los abogados del Estado que participaron en el proceso, así como la independencia del tribunal al emitir una decisión fundamentada en las pruebas presentadas durante el juicio.
El ERPP informó que dará seguimiento a las etapas posteriores del proceso, incluidos los eventuales recursos que puedan interponerse y las acciones necesarias para hacer efectiva la indemnización reconocida a favor del Estado dominicano.