Varias de las empresas que tuvieron cesi\u00f3n de cr\u00e9dito para reclamar al Estado supuestas deudas p\u00fablicas por expropiaci\u00f3n de terrenos fueron incorporadas en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) en 2020, mismo a\u00f1o que en fueron beneficiarias de los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda.<\/p>\n\n\n\n
Las empresas figuran en una autorizaci\u00f3n de informaci\u00f3n financiera que emiti\u00f3 la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, a favor de la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca), que investiga a varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que habr\u00eda defraudado al Estado dominicano por m\u00e1s de 17,000 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Entre los investigados est\u00e1n el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, Emilio C\u00e9sar Rivas Rodr\u00edguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Pe\u00f1a, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Mart\u00ednez Reyes, del Consejo Estatal del Az\u00facar; Sim\u00f3n Lizardo M\u00e9zquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jes\u00fas Caama\u00f1o Santana, excontralor general de la Rep\u00fablica y Princesa Alexandra Garc\u00eda Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fern\u00e1ndez, de la Direcci\u00f3n de Reconocimiento de Deuda P\u00fablica, entre otros exfuncionarios y subordinados.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan se describe en el documento, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario p\u00fablico la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, \u201cde los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en \u00e1reas protegidas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n con la \u201csimulaci\u00f3n de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento com\u00fan en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a contrato de cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos por m\u00e1s de 10,500 millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta\u201d.<\/p>\n\n\n\n
19,653 Millones de pesos habr\u00eda sido el monto con que se trat\u00f3 de afectar al Estado dominicano, dice Pepca.
Para su solicitud ante el tribunal, la Pepca plantea que el exministro Donald Guerrero era recurrente en instruir, mediante comunicaci\u00f3n, el registro de \u00f3rdenes de pago como deuda administrativa por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir libramientos de pagos.<\/p>\n\n\n\n
Entre esos pagos, que el ministerio p\u00fablico dice que est\u00e1n en investigaci\u00f3n, citan a la empresa BXT Dominicana S.R.L., que habr\u00eda sido beneficiaria de 4,472 millones de pesos, seg\u00fan un informe que realiz\u00f3 la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y que cita la Pepca.<\/p>\n\n\n\n
En una b\u00fasqueda en el registro de Onapi, BXT Dominicana fue incorporada el 8 de enero de 2020, con domicilio en la avenida Tiradentes, esquina Fantino Falco, en Plaza Naco, Suite 39-A.<\/p>\n\n\n\n
La misma direcci\u00f3n y fecha de incorporaci\u00f3n tiene la empresa Rediux Consulting que, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, habr\u00eda recibido pago por 906.1 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
En la misma direcci\u00f3n tambi\u00e9n se ubica, seg\u00fan registro de Onapi, la empresa Axionova Group, incorporada el 7 de enero de 2020 y que, seg\u00fan el informe que cita la Pepca, fue favorecida con 2,024 millones.<\/p>\n\n\n\n
Otro que figura con pagos por 376.7 millones es Alejandro Antonio Constanzo Sosa, quien figura como titular de la empresa Gestores de Deudas y Expropiaciones (Gesdex), incorporada en Onapi el 27 de enero de 2020.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n est\u00e1n entre los beneficiados con libramientos de pagos la empresa Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, representada por Ram\u00f3n David Hern\u00e1ndez, con 133.8 millones; Wilfredo Castillo, con 454.7 millones; H\u00e9ctor Julio Gat\u00f3n, con 78.8 millones; Marcos Antonio Mart\u00ednez, con 115.9 millones; Antonio Luj\u00e1n Mercedes Rijo, con 232.2 millones; Lujan Antonio Mercedes Espiritusanto, con 70.7 millones; \u00c1ngel Lockward & Asociados con 74.1 millones y la oficina de abogados Alexis Robles, con 55.5 millones.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl informe de investigaci\u00f3n realizado por la unidad antifraude de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica indica que, en la mayor\u00eda de los casos, se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos\u2026\u201d dice la Pepca, en su solicitud ante el tribunal.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1ala, adem\u00e1s, que esos documentos fueron asumidos con errores tipogr\u00e1ficos por los t\u00e9cnicos evaluadores, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a trav\u00e9s de los procedimientos legales.<\/p>\n\n\n\n
Estructura<\/p>\n\n\n\n
La Pepca plantea que Donald Guerrero \u201ccre\u00f3 una estructura no gubernamental con la participaci\u00f3n de los funcionarios Mimilo Jim\u00e9nez, Jos\u00e9 Andr\u00e9s Familia, Fernando Cris\u00f3stomo Herrera, \u00c1lvaro Jim\u00e9nez Cris\u00f3stomo, Efra\u00edn Santiago B\u00e1ez Fajardo, Jos\u00e9 Pablo Ortiz Giraldo, Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a, Juan Alexander Tapia Holgu\u00edn, Pedro Mar\u00eda de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, \u00c1ngel Lockward Mella, \u00c1ngel George Lockward Cruz, entre otros, para a trav\u00e9s del Ministerio de Hacienda hacer procesos irregulares e ilegales de deuda p\u00fablica y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano\u201d. El abogado \u00c1ngel Lockward declar\u00f3 ayer que la decisi\u00f3n de la Jueza Kenya Romero, emitida el pasado 23 de agosto, se basa en un \u201csupuesto \u201cInforme de Auditoria\u201d que ha sido declarado falso por el Contralor, quien dijo por escrito al tribunal que no lo hab\u00eda visto, ni firmado, ni tramitado\u201d. Se\u00f1al\u00f3 que el uso de un documento falso corrompe toda la diligencia judicial que se haga con la resoluci\u00f3n. \u201cLos dem\u00e1s documentos que la integran, hasta donde puedo ver, son normales de l\u00edcito comercio, en relaci\u00f3n con los casos que manej\u00f3 mi oficina\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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