Un grupo de 10 querellantes (siete dominicanos y tres venezolanas) apel\u00f3 las medidas de coerci\u00f3n que se les impuso a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el caso Jet Set, a fin de que esas medidas sean reconsideradas.<\/p>\n\n\n\n
Los querellantes son: Gregorio Adames, Jenire Mena Mart\u00ednez (venezolana), Nelson Encarnaci\u00f3n Romero, Juliana Vanessa Castillo Vargas (venezolana), Emma Dolores Acevedo (venezolana), Emely Reyes L\u00f3pez, Francisco Mart\u00ednez Mej\u00eda, Wilbi Heredia Encarnaci\u00f3n, Crist\u00f3bal Hilario Moya Eustate y Ana Mar\u00eda de Bossu.<\/p>\n\n\n\n
La apelaci\u00f3n fue sometida a la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional por los abogados Plinio Pina M\u00e9ndez, Luis Aybar Duverg\u00e9 e Indhira Oller, representantes legales de los querellantes.<\/p>\n\n\n\n
En el documento de apelaci\u00f3n, los juristas se oponen a la coerci\u00f3n impuesta sobre los Espaillat, consistente en el pago de 50 millones de pesos cada uno, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica e impedimento de salida del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Dicen que estas medidas, tomadas por la jueza F\u00e1tima Scarlette Veloz, no se corresponden con la magnitud de la tragedia, que dej\u00f3 236 muertos y unos 180 heridos.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, destacan que est\u00e1n dentro del tiempo h\u00e1bil para hacer la apelaci\u00f3n, ya que se trata de un caso complejo, y afirman que dicha coerci\u00f3n pone en riesgo el proceso de investigaci\u00f3n del caso.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n, los abogados observan que la magistrada Veloz se contradice al decir, por una parte, que un domicilio y un trabajo no anulan la posibilidad de que los encartados se sustraigan del proceso, y sin embargo, ella no les impuso prisi\u00f3n preventiva, a riesgo de que se pueda manipular la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En su resoluci\u00f3n, la misma magistrada reconoce que tambi\u00e9n hay que tomar en cuenta la magnitud del hecho investigado, lo que se contradice con la medida adoptada, al no imponer prisi\u00f3n preventiva contra los encartados, como solicitaba el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
\u201cY es que la jueza, con esas afirmaciones, no solo se contradice, sino que est\u00e1 obviando su papel real, que es el de verificar la existencia de una cintilla probatoria m\u00ednima que pueda vincular a los encartados con un tipo penal, cuya gravedad justifique, en principio, la imposici\u00f3n de una medida de coerci\u00f3n, cual que sea\u201d, indica el documento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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