El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional orden\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano al reconocer que los actos de corrupci\u00f3n cometidos por altos mandos militares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Tur\u00edstica (CESTUR) ocasionaron da\u00f1os civiles, reputacionales y morales al Estado, por lo que deben ser resarcidos.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico hab\u00eda solicitado formalmente una indemnizaci\u00f3n de la suma de 20,974 millones de pesos por da\u00f1os y perjuicios presuntamente ocasionados por el supuesto entramado<\/p>\n\n\n\n
La sentencia, que condena a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n a los exdirectores del CUSEP y del CESTUR, Ad\u00e1n C\u00e1ceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, as\u00ed como a otros 27 imputados, constituye un precedente al reconocer el da\u00f1o causado al Estado.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta sentencia es significativa, ejemplar y, sobre todo, hist\u00f3rica\u201d, expres\u00f3 Jos\u00e9 Alberto Ortiz, integrante del Equipo de Recuperaci\u00f3n del Patrimonio P\u00fablico (ERPP), al destacar que es la primera vez que una c\u00fapula militar activa es condenada por los tribunales de la Rep\u00fablica Dominicana por hechos cometidos durante el ejercicio de funciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n
Ortiz, acompa\u00f1ado por Rafael Rivas, uno de los coordinadores del ERPP, y el abogado Alberto Caama\u00f1o, resalt\u00f3 la decisi\u00f3n emitida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado y afirm\u00f3 que se trata de \u201cla indemnizaci\u00f3n m\u00e1s alta que se ha otorgado en favor de una v\u00edctima en un caso de corrupci\u00f3n p\u00fablica\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n, cuya lectura \u00edntegra est\u00e1 pautada para el 14 de agosto, representa un hito en materia de corrupci\u00f3n administrativa al reconocer al Estado dominicano como v\u00edctima directa de graves da\u00f1os patrimoniales, institucionales y morales.<\/p>\n\n\n\n
\u201cReconocieron que el Estado dominicano sufri\u00f3 un da\u00f1o reputacional, reconocieron el da\u00f1o que sufri\u00f3 la instituci\u00f3n del presidente de la Rep\u00fablica, reconocieron el da\u00f1o que sufri\u00f3 el turismo dominicano, a trav\u00e9s de la Polic\u00eda Tur\u00edstica, y, sobre todo, son cinco mil millones que van a retornar a las arcas del pueblo dominicano, tal y como el presidente Luis Abinader prometi\u00f3 al contratar este equipo de abogados\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
El ERPP sostuvo que esta indemnizaci\u00f3n no debe verse como una cifra abstracta, sino como una herramienta de reparaci\u00f3n social. Indic\u00f3 que los fondos recuperados pertenecen al pueblo dominicano y deben traducirse en obras, servicios p\u00fablicos, fortalecimiento institucional y garant\u00edas de no repetici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, el equipo valor\u00f3 el trabajo realizado por el Ministerio P\u00fablico, los \u00f3rganos de investigaci\u00f3n, los peritos, los testigos y los abogados del Estado que participaron en el proceso, as\u00ed como la independencia del tribunal al emitir una decisi\u00f3n fundamentada en las pruebas presentadas durante el juicio.<\/p>\n\n\n\n
El ERPP inform\u00f3 que dar\u00e1 seguimiento a las etapas posteriores del proceso, incluidos los eventuales recursos que puedan interponerse y las acciones necesarias para hacer efectiva la indemnizaci\u00f3n reconocida a favor del Estado dominicano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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