La defensa del exprocurador general de la Rep\u00fablica, Jean Alain Rodr\u00edguez, solicit\u00f3 a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar extinguida la acci\u00f3n penal en su contra y disponer el cierre definitivo del proceso.<\/p>\n\n\n\n
Los abogados Carlos Balc\u00e1cer y Nelys Rivas plantearon ante las magistradas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto que el caso est\u00e1 por superar los seis a\u00f1os de duraci\u00f3n, por causas que atribuyen en su totalidad al Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
El tribunal receso la audiencia, para este mi\u00e9rcoles 29 de julio a las 9:00 de la ma\u00f1ana. A su juicio, ese tiempo excede ampliamente el plazo m\u00e1ximo de cuatro a\u00f1os que fija el art\u00edculo 150 del C\u00f3digo Procesal Penal.<\/p>\n\n\n\n
Como sustento de su solicitud, la defensa present\u00f3 estad\u00edsticas oficiales del Poder Judicial seg\u00fan las cuales, entre 2024 y 2025, los tribunales dominicanos acogieron 22,645 solicitudes de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, frente a 2,769 rechazadas o declaradas inadmisibles.<\/p>\n\n\n\n
Con esas cifras buscan demostrar que la extinci\u00f3n es una garant\u00eda procesal que se aplica de manera habitual en el sistema judicial del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Balc\u00e1cer y Rivas ampliaron sus argumentos con un desglose cronol\u00f3gico basado en el formato de c\u00f3mputo de plazos que estableci\u00f3 el Tribunal Constitucional en su sentencia TC\/0882\/25, se\u00f1alando que la investigaci\u00f3n preliminar se inici\u00f3 el 21 de agosto de 2020.<\/p>\n\n\n\n
Los juristas sostienen que el 25 de noviembre de ese a\u00f1o se conoci\u00f3 la solicitud de medidas de coerci\u00f3n, tres meses y cuatro d\u00edas despu\u00e9s, fecha que la defensa marca como el arranque del plazo legal, coincidiendo con un impedimento de salida que, seg\u00fan los abogados, se ejecut\u00f3 ese mismo d\u00eda sin orden judicial; aducen que la imposici\u00f3n de las medidas de coerci\u00f3n se produjo el 8 de julio de 2021, con 10 meses y 17 d\u00edas ya transcurridos y que el auto de apertura a juicio fue emitido el 28 de junio de 2024, cuando hab\u00edan pasado tres a\u00f1os, 10 meses y siete d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, sostienen que tras una primera asignaci\u00f3n de tribunal el 7 de agosto de 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional celebr\u00f3 su primera audiencia el 23 de septiembre de 2024, para una acumulaci\u00f3n de cuatro a\u00f1os, un mes y dos d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
La barra de defensa afirma que una segunda asignaci\u00f3n ocurri\u00f3 el 25 de febrero de 2025 (cuatro a\u00f1os, seis meses y cuatro d\u00edas), y ese tribunal celebr\u00f3 su primera audiencia el 1 de mayo de 2025, con cuatro a\u00f1os, ocho meses y 15 d\u00edas acumulados y que al d\u00eda de la audiencia, el proceso acumula, seg\u00fan el c\u00f3mputo de la defensa, cinco a\u00f1os, 11 meses y seis d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
Los abogados indicaron que estos datos pueden constatarse en los anexos depositados junto con la instancia, incluyendo la solicitud original de medidas de coerci\u00f3n presentada en su momento por el Ministerio P\u00fablico. Tambi\u00e9n, atribuyeron el alargamiento del proceso a una serie de episodios concretos, se\u00f1alando que una investigaci\u00f3n que se extendi\u00f3 casi dos a\u00f1os, con una pr\u00f3rroga adicional de cuatro meses solicitada por el Ministerio P\u00fablico y una posterior intimaci\u00f3n judicial para concluirla.<\/p>\n\n\n\n
Igualmente, un disco duro defectuoso, entregado con las cerca de 3,000 pruebas del caso, cuyos archivos resultaron inaccesibles y que debi\u00f3 corregirse en tres ocasiones por orden del tribunal, lo que seg\u00fan los abogados gener\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o de atraso.<\/p>\n\n\n\n
Agrega que alrededor de seis meses invertidos en la lectura obligatoria de una acusaci\u00f3n de m\u00e1s de 12,000 p\u00e1ginas, m\u00e1s de 50 solicitudes de documentos que, seg\u00fan la defensa, quedaron sin respuesta, adem\u00e1s de retrasos en la entrega de cientos de pruebas de descargo pese a \u00f3rdenes judiciales, lo que habr\u00eda sumado otros seis meses de dilaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Otro hecho, seg\u00fan la defensa es las recusaciones de jueces y una solicitud de unificaci\u00f3n de expedientes previamente separados por el propio Ministerio P\u00fablico, que de acuerdo con los abogados a\u00f1adieron m\u00e1s de un a\u00f1o adicional.<\/p>\n\n\n\n
La defensa insiste en que dos tribunales ya establecieron previamente que esas dilaciones son atribuibles al Ministerio P\u00fablico y no a la defensa t\u00e9cnica de Rodr\u00edguez, quien recuerdan permaneci\u00f3 privado de libertad durante cuatro a\u00f1os, circunstancia que, a su juicio, impide extender a\u00fan m\u00e1s el plazo m\u00e1ximo del proceso conforme al derecho internacional aplicable en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Como sustento adicional, los abogados citaron jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional que reafirma que el plazo razonable en materia penal corresponde al l\u00edmite de cuatro a\u00f1os, y explicaron que la nueva Ley 97-25 restringe las causales excepcionales para extender ese plazo a supuestos de fuga, rebeld\u00eda o dilaciones declaradas mediante resoluci\u00f3n motivada al momento de producirse, circunstancias que, sostienen, no se presentan en este caso.<\/p>\n\n\n\n
La defensa cerr\u00f3 su argumentaci\u00f3n se\u00f1alando que el tribunal no solo decide sobre la situaci\u00f3n de Rodr\u00edguez, sino tambi\u00e9n sobre si las garant\u00edas legales del pa\u00eds mantienen plena vigencia cuando es el propio Estado el que incumple los l\u00edmites que la ley le impone, y si la extinci\u00f3n se aplicar\u00e1 con el mismo criterio con el que, seg\u00fan afirman, los tribunales dominicanos han resuelto miles de solicitudes similares en los \u00faltimos doce a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, el titular de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, Wilson Camacho, y la titular de la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca), Mirta Ortiz, sostienen que no existen fundamentos jur\u00eddicos para acoger la extinci\u00f3n y que ha sido el propio imputado quien ha buscado dilatar el conocimiento del proceso y de las pruebas en su contra.<\/p>\n\n\n\n
El planteamiento se produce en el marco del juicio por presunta corrupci\u00f3n administrativa contra Rodr\u00edguez y varios coimputados, acusados de malversar m\u00e1s de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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