Santo Domingo, RD.\u2013 La gesti\u00f3n de Luis Henry Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estuvo marcada por un proceso de reorganizaci\u00f3n institucional orientado a reducir el hist\u00f3rico atraso judicial, modernizar los procesos mediante herramientas tecnol\u00f3gicas y reformar mecanismos clave como el recurso de casaci\u00f3n, con el objetivo de lograr una justicia m\u00e1s \u00e1gil y eficiente.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los principales desaf\u00edos asumidos por la actual administraci\u00f3n judicial fue enfrentar el c\u00famulo de expedientes pendientes que hered\u00f3 la Suprema Corte de Justicia. A inicios de 2020, el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds acumulaba 18,357 recursos de casaci\u00f3n y otros asuntos judiciales pendientes, incluyendo expedientes que hab\u00edan ingresado desde 1982.<\/p>\n\n\n\n
Bajo el lema \u201cJusticia al d\u00eda para garantizar la dignidad de las personas\u201d, la SCJ implement\u00f3 un plan de emergencia que incluy\u00f3 una reorganizaci\u00f3n de la Secretar\u00eda General, establecimiento de metas de productividad y una estrategia diferenciada para las tres salas especializadas del tribunal.<\/p>\n\n\n\n
Como resultado, en 2021 la Suprema Corte resolvi\u00f3 11,637 casos pendientes, logrando por primera vez que la cantidad de expedientes solucionados superara los nuevos casos recibidos.<\/p>\n\n\n\n
Posteriormente, al cierre de 2022, el tribunal logr\u00f3 resolver todos los expedientes ingresados antes de 2019, reduciendo los casos pendientes de audiencia y fallo a 1,766, lo que represent\u00f3 una disminuci\u00f3n del 81% del atraso acumulado.<\/p>\n\n\n\n
Para noviembre de 2024, la Suprema Corte inform\u00f3 que hab\u00eda eliminado los casos pendientes anteriores al a\u00f1o 2023. La Segunda Sala Penal alcanz\u00f3 un nivel de operaci\u00f3n sin expedientes pendientes de ese per\u00edodo y sin tr\u00e1mites con m\u00e1s de seis meses de antig\u00fcedad.<\/p>\n\n\n\n
Entre junio de 2019 y noviembre de 2024, la SCJ resolvi\u00f3 47,986 casos, mientras que, a nivel nacional, aproximadamente el 35% de los tribunales dominicanos operaban totalmente al d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Reforma del recurso de casaci\u00f3n
Para garantizar que la reducci\u00f3n del atraso judicial pudiera mantenerse en el tiempo, el Poder Judicial impuls\u00f3 una reforma al recurso de casaci\u00f3n, considerado uno de los principales puntos de congesti\u00f3n del sistema.<\/p>\n\n\n\n
El Congreso Nacional aprob\u00f3 la Ley No. 2-23 sobre Recurso de Casaci\u00f3n, promulgada el 17 de enero de 2023, sustituyendo la legislaci\u00f3n vigente desde 1953.<\/p>\n\n\n\n
La nueva normativa introdujo el concepto de inter\u00e9s casacional, mediante el cual la Suprema Corte concentra su trabajo en aquellos casos que permiten establecer criterios jur\u00eddicos de importancia nacional y crear precedentes para los tribunales inferiores.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la ley elimin\u00f3 tr\u00e1mites considerados innecesarios, como la opini\u00f3n obligatoria del Ministerio P\u00fablico en asuntos civiles, redujo audiencias en procesos exclusivamente jur\u00eddicos y estableci\u00f3 plazos m\u00e1s estrictos para la resoluci\u00f3n de expedientes.<\/p>\n\n\n\n
Los cambios reflejaron una reducci\u00f3n significativa en los tiempos procesales. Bajo el r\u00e9gimen anterior, un caso pod\u00eda tardar en promedio 639 d\u00edas desde su ingreso hasta la sentencia, mientras que con la nueva legislaci\u00f3n el tiempo promedio de tramitaci\u00f3n baj\u00f3 a 131 d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la asignaci\u00f3n de expedientes a las salas pas\u00f3 de procesos que pod\u00edan durar hasta 365 d\u00edas a un plazo m\u00e1ximo de 37 d\u00edas h\u00e1biles.<\/p>\n\n\n\n
Transformaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y justicia digital
Otro eje central de la gesti\u00f3n fue la digitalizaci\u00f3n del sistema judicial, proceso que se aceler\u00f3 con la llegada de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020.<\/p>\n\n\n\n
Para evitar la paralizaci\u00f3n de los tribunales, el Consejo del Poder Judicial aprob\u00f3 medidas que permitieron la firma electr\u00f3nica, el teletrabajo y las audiencias virtuales. Sin embargo, estas decisiones generaron cuestionamientos de sectores jur\u00eddicos, especialmente del Colegio de Abogados de la Rep\u00fablica Dominicana, que aleg\u00f3 que algunos cambios requer\u00edan aprobaci\u00f3n legislativa.<\/p>\n\n\n\n
La controversia lleg\u00f3 al Tribunal Constitucional, que, en septiembre de 2021, mediante la Sentencia TC\/0286\/21, estableci\u00f3 que la regulaci\u00f3n de la forma en que se desarrollan los procesos judiciales corresponde al Congreso Nacional, al considerar que el Poder Judicial no pod\u00eda modificar por reglamento aspectos reservados a la ley.
Tras este fallo, la Suprema Corte y el Congreso impulsaron una nueva regulaci\u00f3n que dio paso a la Ley No. 339-22 sobre Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, aprobada para formalizar la implementaci\u00f3n tecnol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n
El reglamento de esta legislaci\u00f3n fue aprobado en octubre de 2022, estableciendo el uso de herramientas digitales de manera voluntaria para las partes y otorgando validez jur\u00eddica al expediente electr\u00f3nico, las notificaciones digitales y los procedimientos a distancia.<\/p>\n\n\n\n
Entre los avances tecnol\u00f3gicos desarrollados durante este per\u00edodo destacan: JURITECA, una plataforma p\u00fablica y gratuita que permite consultar m\u00e1s de 400,000 sentencias y decisiones judiciales; El portal justicia.gob.do, dise\u00f1ado para facilitar tr\u00e1mites, seguimiento de casos, validaci\u00f3n digital de documentos y acceso a estad\u00edsticas judiciales; La instalaci\u00f3n, en 2024, de sistemas de grabaci\u00f3n y herramientas tecnol\u00f3gicas en 34 salas de audiencias, con planes de expansi\u00f3n nacional.<\/p>\n\n\n\n
Protecci\u00f3n a v\u00edctimas y modernizaci\u00f3n institucional
Dentro de las medidas de fortalecimiento del sistema judicial tambi\u00e9n se ampli\u00f3 la red de Centros de Entrevistas Forenses, mediante el uso de c\u00e1maras Gesell y circuitos cerrados de televisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Estas herramientas permiten que v\u00edctimas y testigos vulnerables puedan ofrecer sus declaraciones en ambientes protegidos, con acompa\u00f1amiento psicol\u00f3gico y evitando la repetici\u00f3n constante de testimonios durante los procesos judiciales, reduciendo as\u00ed la revictimizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Carrera judicial, escalaf\u00f3n e integridad institucional
Otro aspecto relevante de la gesti\u00f3n fue la implementaci\u00f3n de mecanismos para fortalecer la carrera judicial y reducir decisiones discrecionales en los ascensos y traslados de jueces.<\/p>\n\n\n\n
En 2021, el Consejo del Poder Judicial aprob\u00f3 el Reglamento del Sistema de Escalaf\u00f3n Judicial y selecci\u00f3n de cargos, estableciendo criterios objetivos basados en: Tiempo de servicio dentro del Poder Judicial; Permanencia en la categor\u00eda actual; Evaluaciones de desempe\u00f1o y capacidad profesional.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de esta pol\u00edtica, en diciembre de 2021 el Pleno de la Suprema Corte aprob\u00f3 el ascenso de 161 jueces y juezas pertenecientes a los 11 departamentos judiciales del pa\u00eds, aplicando criterios de m\u00e9rito y antig\u00fcedad.<\/p>\n\n\n\n
Debates y cuestionamientos durante la gesti\u00f3n
La administraci\u00f3n de Luis Henry Molina tambi\u00e9n estuvo acompa\u00f1ada de debates pol\u00edticos e institucionales.<\/p>\n\n\n\n
Desde su elecci\u00f3n en abril de 2019, sectores opositores cuestionaron su trayectoria previa como viceministro de la Presidencia y director de campa\u00f1a pol\u00edtica en 2016. Molina respondi\u00f3 que la independencia judicial deb\u00eda medirse por las decisiones de los jueces, el respeto a la ley y su capacidad para resistir presiones externas.<\/p>\n\n\n\n
Otro punto de conflicto fue el enfrentamiento con el Colegio de Abogados entre 2020 y 2022 por la implementaci\u00f3n de la virtualidad judicial. Aunque la tensi\u00f3n disminuy\u00f3 tras la aprobaci\u00f3n de la Ley 339-22, el episodio evidenci\u00f3 los desaf\u00edos de introducir cambios tecnol\u00f3gicos en el sistema judicial sin una base legislativa previa.<\/p>\n\n\n\n
Evaluaci\u00f3n de FINJUS
Al acercarse el cumplimiento del per\u00edodo constitucional de siete a\u00f1os de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia (FINJUS) realiz\u00f3 una evaluaci\u00f3n de la gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Su vicepresidente, Servio Tulio Casta\u00f1os Guzm\u00e1n, destac\u00f3 como aspectos positivos la modernizaci\u00f3n del sistema, la reducci\u00f3n del atraso judicial y la profesionalizaci\u00f3n de la carrera judicial mediante el escalaf\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, FINJUS plante\u00f3 cr\u00edticas al modelo de evaluaci\u00f3n de los jueces de la Suprema Corte, se\u00f1alando que el Consejo Nacional de la Magistratura mantiene una composici\u00f3n mayoritariamente pol\u00edtica y carece de un equipo t\u00e9cnico permanente para evaluar el desempe\u00f1o judicial.<\/p>\n\n\n\n
La entidad propuso una reforma constitucional que elimine las evaluaciones peri\u00f3dicas y establezca un mandato \u00fanico de siete a\u00f1os para los magistrados de la Suprema Corte, con el objetivo de fortalecer su independencia frente a presiones pol\u00edticas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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