El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez sostiene que la imputación a la que la PEPCA atribuye mayor peso, es la relativa al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en específico La Nueva Victoria.
De acuerdo con un comunicado. al hacerlo, realmente lo que se busca es minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional, que fue iniciado por su cliente y ratificado por la actual Procuraduría General, con pagos adicionales de más de 220 millones no contemplados inicialmente, cuya eventual responsabilidad por daños y reclamos les corresponde realizarlos a la actual gestión lo que la PEPCA ha entorpecido con una falsa acusación.
Asimismo, confirman que las contrataciones iniciales se llevaron a cabo bajo un proceso diáfano y transparente, para lo cual se realizaron los debidos procedimientos de acuerdo con lo establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, bajo una licitación pública a nivel nacional, donde fueron seleccionadas seis (6) empresas constructoras que cumplían con los requerimientos establecidos para el proceso, todas de alto nivel.
El exprocurador está privado de libertad sin haberse realizado la auditoría que indique si hubo irregularidades. De igual manera, para auditar no hay que parar una obrar ni cerrar una institución generando millones de pesos en pérdidas al Estado, por cuyos graves daños deberá responder la PEPCA y no el ex Procurador ni la actual Procuradora al asumir correctamente las mismas y hasta mayores responsabilidades legales.
“Las seis empresas elegidas constan de alto reconocimiento, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Fueron seis contratistas aprobados bajo el marco de licitaciones regulares, donde ganaron las mejores empresas y ofertas con cientos de participantes y ninguna impugnación de las demás decenas de empresas que participaron en el proceso por eso la Procuradora General, Miriam Germán Brito ratificó todos los contratos y les pagó 220 millones adicionales. Estas construcciones cuentan con los debidos estudios de suelo realizados por prestigiosas empresas del país, contemplando que los terrenos si son aptos para construir al igual que en los alrededores se construyeron importantes zonas francas, el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, expresó Gustavo Biaggi Pumarol.
La veracidad de esta afirmación queda demostrada porque la actual Procuraduría ratificó, refrendó y validó expresamente, mediante adendas, los 11 principales contratos de las empresas constructoras, les aumentó el precio respectivo asumiendo esas 11 empresas entregarle las obras en proceso a esta gestión según estaba estipulado también en el contrato original. Estas adendas fueron suscritas por la Procuradora Miriam Germán Brito, siendo depositadas por la misma PEPCA como parte del expediente, pero que nunca hace alusión a ellas ni informan si han pedido a los contratistas cumplir lo acordado con ellos, ni reparar cualquier reclamo.
