Varias de las empresas que tuvieron cesión de crédito para reclamar al Estado supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos fueron incorporadas en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) en 2020, mismo año que en fueron beneficiarias de los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda.
Las empresas figuran en una autorización de información financiera que emitió la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a favor de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que investiga a varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que habría defraudado al Estado dominicano por más de 17,000 millones de pesos.
Entre los investigados están el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.
Según se describe en el documento, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.
También con la “simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a contrato de cesión de créditos por más de 10,500 millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta”.
19,653 Millones de pesos habría sido el monto con que se trató de afectar al Estado dominicano, dice Pepca.
Para su solicitud ante el tribunal, la Pepca plantea que el exministro Donald Guerrero era recurrente en instruir, mediante comunicación, el registro de órdenes de pago como deuda administrativa por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir libramientos de pagos.
Entre esos pagos, que el ministerio público dice que están en investigación, citan a la empresa BXT Dominicana S.R.L., que habría sido beneficiaria de 4,472 millones de pesos, según un informe que realizó la Contraloría General de la República y que cita la Pepca.
En una búsqueda en el registro de Onapi, BXT Dominicana fue incorporada el 8 de enero de 2020, con domicilio en la avenida Tiradentes, esquina Fantino Falco, en Plaza Naco, Suite 39-A.
La misma dirección y fecha de incorporación tiene la empresa Rediux Consulting que, según la investigación, habría recibido pago por 906.1 millones de pesos.
En la misma dirección también se ubica, según registro de Onapi, la empresa Axionova Group, incorporada el 7 de enero de 2020 y que, según el informe que cita la Pepca, fue favorecida con 2,024 millones.
Otro que figura con pagos por 376.7 millones es Alejandro Antonio Constanzo Sosa, quien figura como titular de la empresa Gestores de Deudas y Expropiaciones (Gesdex), incorporada en Onapi el 27 de enero de 2020.
También están entre los beneficiados con libramientos de pagos la empresa Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, representada por Ramón David Hernández, con 133.8 millones; Wilfredo Castillo, con 454.7 millones; Héctor Julio Gatón, con 78.8 millones; Marcos Antonio Martínez, con 115.9 millones; Antonio Luján Mercedes Rijo, con 232.2 millones; Lujan Antonio Mercedes Espiritusanto, con 70.7 millones; Ángel Lockward & Asociados con 74.1 millones y la oficina de abogados Alexis Robles, con 55.5 millones.
“El informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría General de la República indica que, en la mayoría de los casos, se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos…” dice la Pepca, en su solicitud ante el tribunal.
Señala, además, que esos documentos fueron asumidos con errores tipográficos por los técnicos evaluadores, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos legales.
Estructura
La Pepca plantea que Donald Guerrero “creó una estructura no gubernamental con la participación de los funcionarios Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, entre otros, para a través del Ministerio de Hacienda hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano”. El abogado Ángel Lockward declaró ayer que la decisión de la Jueza Kenya Romero, emitida el pasado 23 de agosto, se basa en un “supuesto “Informe de Auditoria” que ha sido declarado falso por el Contralor, quien dijo por escrito al tribunal que no lo había visto, ni firmado, ni tramitado”. Señaló que el uso de un documento falso corrompe toda la diligencia judicial que se haga con la resolución. “Los demás documentos que la integran, hasta donde puedo ver, son normales de lícito comercio, en relación con los casos que manejó mi oficina”, expresó.
