Jean Alain Rodríguez estableció un operativo de destrucción masiva de documentos públicos relacionados con los procesos de compras y contrataciones públicas de la Procuraduría General de la República, dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, en la acusación de 12,274 páginas que está en poder de Diario Libre.
“A mediados del mes julio y principios de agosto del año dos mil veinte (2020), justamente después de las “Elecciones Nacionales Presidenciales de 2020”, en la transición de gobierno, como parte de una política del ex Procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, a su paso por instituciones públicas de “no dejar información”, por lo que se inició un operativo de destrucción masiva de documentos públicos pertenecientes a los procesos de compras y contrataciones públicas de la Procuraduría General de la República, dirigido por el acusado Johannatan Loanders Medina Reyes”, dice el Ministerio Público en documentos oficiales.
La Pepca señala que “para este operativo de destrucción de documentos públicos se instaló una máquina trituradora, la cual fue utilizada, primero en la oficina del acusado Johannatan Loanders Medina Reyes, donde reposaban los documentos públicos en original y copias, de los procesos de compras, para lo cual se instruyó a los técnicos en compras Jeniffer Paola Sánchez Rodríguez, Marleny Pérez y el acusado Francis Ramírez Moreno”.
De acuerdo a declaraciones de Johannatan Loanders Medina Reyes, que reposan en la acusación, la destrucción de esos documentos públicos se produjo para “dejar las oficinas limpias a la nueva gestión”.
Los documentos públicos de los procesos de compras y contrataciones públicas de la Procuraduría General de la República destruidos fueron “las certificaciones de existencia de fondos, actas de aperturas, actas de inicios, actas de adjudicaciones, actas de notificación de oferentes, actas de resultados de evaluación, pliegos de condiciones, fichas y especificaciones técnicas, publicaciones en periódicos, originales y copias de los sobres A y B, entre otros documentos de índoles administrativa, los cuales se encontraban en la oficina del acusado Johannatan Loanders Medina Reyes, cuya oficina tenía acceso restringido y solo compartía la llave con su mano derecha, el acusado Francis Ramírez Moreno”.
Según la acusación, el proceso de destrucción de documentos públicos tuvo una duración de aproximadamente tres semanas y “los desechos eran recolectados en bolsas plásticas (fundas) de color negro, las cuales eran recogidas por el personal de limpieza para su retiro a la basura. Lo anterior se corroboró con la no existencia de la documentación física del Departamento de Compras relativa a los procesos de compras, las cuales, según la certificación de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veinte dos (2022), emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, así como por la Dirección Jurídica del Ministerio Público, mediante oficio No. PGR-DJ-0381-2022, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintidós (2022), hacen constar que en sus archivos no reposan las actas físicas originales y digitales de las sesiones del Comité de Compras y Contrataciones, así como los informes realizados por los peritos”.
Asimismo, la Directora General Administrativa del Ministerio Público, en fecha veintitrés (23) del mes de junio del año dos mi veintidós (2022), certificó que, en los expedientes de pagos resultante de los procesos de Licitación Pública Nacional y Comparación de Precio, de adquisición de bienes y servicios, del periodo del dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) al dieciséis (16) de agosto del año dos mil veinte (2020), no se encuentran las actas originales físicas de las sesiones del Comité de Compras y Contrataciones.
