Además del impacto económico, por "malgastarse" más de 10 mil millones de pesos, la construcción de los centros de corrección de La Nueva Victoria, de Barahona y San Juan, durante la gestión del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, generó un “enorme impacto ambiental”, plantea la acusación del Caso Medusa.
El documento da como ejemplo a La Nueva Victoria, que sustituiría a la cárcel más popular del Gran Santo Domingo, pero se levantó en un sistema de humedales protegidos por una convención internacional suscrita por la República Dominicana.
Según el Ministerio Público en la acusación de la Operación Medusa, los edificios del complejo de La Nueva Victoria, ubicado en el Paraje Las Parras, sección Mata de Palma, Municipio San Antonio de Guerra, se sepultó también “varios de los cuerpos hídricos”, violentando la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sostiene que los artículos que se infringen son los 129,136, y 137 de la referida ley de medio ambiente, relativos a zonificación hidrológica, conservación y aprovechamiento forestal.
“En tal sentido se deberá ejecutar un plan de remediación para garantizar el retorno del equilibrio ecosistémico en coordinación con la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así mismo se recomienda la realización de estudios de inundabilidad con modelos hidráulicos para valorar el riesgo de inundación para la consideración de alternativas de uso para las infraestructuras, en tal sentido se recomienda la cancelación de la Licencia Ambiental Núm. 0354-19”, destaca el Ministerio Público.
Cita que el Ministerio de Recursos de Medio Ambiente realizó un informe de inspección al proyecto CCR La Nueva Victoria, eje principal del Plan de Humanización.
La acusación indica que el “proyecto CCR La Nueva Victoria impacta de manera contundente las lagunas de la zona y los manglares constituyéndose en un elemento peligroso que podría incidir en la desaparición” de esos recursos naturales.
El sistema de abastecimiento de agua potable y de drenaje sanitario, en cada uno de los proyectos de edificaciones de las mencionadas penitenciarías, “ha sido altamente deficiente a tal punto que: fueron construida cisternas de 16,000 galones en vez de 34,000 como estaban propuestas. (Ver caso de Najayo y LNV); deficiencia de agua en el manejo de los inodoros instalados, por tener mayor consumo por el tipo de aparato sanitario; en San Juan de la Maguana fueron demolidas edificaciones debido al rediseño del edificio por falta de oficinas durante el proceso constructivo. Agrietamiento en las paredes y juntas de columnas de la edificación producto de asentamiento de los edificios de comedor, de máxima seguridad y reflexión”.
Fuente Diario Libre
