En su solicitud de autorización de información financiera que hizo ante el Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), establece que el Ministerio de Hacienda, durante la gestión de Donald Guerrero, hizo libramientos de pagos que no pasaron por los controles legales, pues no figuran en los registros de la Tesorería Nacional.
Basado en datos de un informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y que –dice- han ido corroborando con otros medios de prueba, el órgano afirma que existen diferencias muy marcadas entre los libramientos que figuran registrados y pagados.
“Desde el Ministerio de Hacienda se pagaron 30 libramientos durante el periodo del 22 de enero al 27 de julio, por un monto total aproximado de 10,993,120,387.60, en tanto que la Tesorería Nacional certifica libramientos por un monto de 5,636,093,821.14, para una diferencia de unos RD$6,431,438,750.41. (Esta última cifra denota un error de cálculo, pues la diferencia entre las dos primeras es de 5,357,026,566)”.
La diferencia lleva a la Pepca a establecer que el Ministerio de Hacienda realizó pagos directos sin ser sometidos al proceso de control previo establecido por la Ley 10-07 de Control Interno de la Contraloría.
La Procuraduría investiga a Donald Guerrero y varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que habría defraudado al Estado dominicano con más de 17,000 millones de pesos.
Entre los investigados están, además, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.
Afirma el Ministerio Público, según el acta de autorización emitido por el tribunal, que bajo instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas para sustraer del erario público unos 19,653 millones mediante acuerdos transaccionales, llegando a sustraer, según lo que han identificado, 17,300 millones de pesos. Eso, mediante operaciones relacionadas a expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y simulación de compra y venta de terreno bajo la modalidad de deudas administrativas, que tienen como elemento común la cesión de crédito a personas de confianza o a sociedades de carpeta.
Reafirma la inocencia de su hermano
La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Cristina Lizardo, dijo este lunes “confiar en la inocencia” de su hermano Simón Lizardo Mézquita. “Lo que nunca estaré de acuerdo con que se dañe la moral de nadie y que la justicia actúe acorde a lo que se establece “, indicó Lizardo luego de una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Casa Nacional del PLD. “Vamos a esperar que el proceso se mantenga. Yo reafirmo la inocencia de mi hermano y de todos los que están implicados en el caso”, señaló Lizardo.
Sobornos
La Pepca dice que Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortíz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguin, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma están vinculados en el “entramado de las cesiones de créditos donde se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones”. Cita de manera particular el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y el Instituto Agrario Dominicano.
Para vincularlo a Donald Guerrero, la dependencia de la Procuraduría cita un interrogatorio practicado a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, a quien supuestamente, José Arturo Ureña, en presencia de Crisóstomo y Jiménez Collie le hicieron la propuesta de gestionarle una deuda de 1,300 millones que le tenía el Estado como contratista, a cambio de que les entregara 600 millones
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Millones habría devuelto uno de los interrogados por el caso que investiga la Pepca de fraude en el Ministerio de Hacienda.
Para ello, los tres habrían presentado a Ventura Rodríguez con Donald Guerrero, quien le indicó que hablara con Mimilo y con Ureña para el tema del dinero que ellos iban a requerir, y que los pagos saldrían de Hacienda.
“El señor Bolívar Antonio Ventura Rodríguez accedió y entregó a los imputados José Fernando Crisóstomo y Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo la suma de 527,694,838, entregando dicha cantidad a través de los empleados del señor Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, los señores Luis Joaquín Féliz Peña y Jorge Cecilio Mena Jiménez”.
El monto se habría entregado con cheques que luego se cambiaron y entregaron en efectivo a Jiménez, Crisóstomo y Ureña.
Figuras repetidas de otros casos de corrupción
El Ministerio Público cita un allanamiento a la residencia del señor Efraín Santiago Báez Fajardo a quien le ocuparon una computadora que, según dicen, tenía informaciones relacionada a las empresas BXT Dominicana, Axionova Group, Rediux Consulting, las que figuran incorporadas en Onapi en la misma fecha de enero de 2020 y que comparten mismo domicilio. También de las empresas Prominex Multiservicios y Grupo Amerionova S.R.L., las que habrían utilizado para “simular cesiones de créditos fraudulentos y lograr expedir libramientos de pagos fraudulentos a terceros, bajo la modalidad de supuesta deuda pública”.
También habrían encontrado informaciones en las que Pedro María Altagracia Veras, Álvaro Jiménez Crisóstomo autorizan transferencias a las referidas empresas.
El nombre de Efraín Santiago Báez Fajardo figura como socio de la empresa Tools & Resources Enterprise Toreen, cuestionadas en 2020 por ser beneficiara de adjudicaciones del Ministerio de Salud Pública relacionadas a la compra de insumos que serían utilizados para hacer frente a la pandemia del COVID-19.
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Sede de la PGR.
Para entonces, funcionarios de ese ministerio alertaron de las dificultades que tenían con ese suplidor, cuyos entregables “nunca se ajustan ni en plazo ni en calidad requerida”. Pero la empresa ya gozaba de contratos de adjudicación de obras para construcción de carreteras, así como para equipar hospitales.
La empresa figura en el expediente Antipulpo, relativo a una supuesta red de corrupción que encabeza Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.
En el expediente, el Ministerio Público refiere acuerdos de la empresa Tools & Resources, representada por Báez Fajardo, con Domedical Suplay, de José Dolores Santana (uno de los imputados en Antipulpo) para el cobro de cesiones de créditos sobre la base de contratos en la OISOE, pero los investigadores establecen que no existían tales deudas y que el crédito era imaginario.
Señalan además que las ventas que dieron origen a cesiones de crédito ficticias fueron diligenciadas por Báez Fajardo, quien también se encargaba de distribuir sobornos entre funcionarios de OISOE, según el documento.
José Andrés Familia es la otra persona que figura como socio de Tools & Resources.
Bolívar Antonio Ventura Rodríguez es otro que figura en el expediente Antipulpo, como socio y beneficiario final de la empresa Diprecalt. El documento cita la devolución de 25 millones de pesos que éste realizó a la Procuraduría y que se refieren al monto que recibió del señor Francisco Pagán por la venta de una planta de materiales de construcción. También se le vincula con cesión de créditos a empresas vinculadas a Alexis Medina.
José Arturo Ureña también fue vinculado en el caso Antipulpo con negocios con empresas relacionadas al principal acusado.
Fuente Diario Libre
