Con la continuación de la lectura de la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público a los 20 acusados en Operación Calamar, inició la audiencia en la que se determinará la suerte de los miembros de una supuesta red que desfalcó al Estado, encabezada por importantes exfuncionarios.
Mientras la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente, conoce el pedido de 18 meses y declaración de complejidad del caso a puertas cerradas, el entorno del Palacio de Justicia está fuertemente resguardado por vallas y decenas de agentes policiales.
La defensa de algunos imputados, por ejemplo, la de Gonzalo Castillo, insistió hoy en que probará el arraigo de su cliente a fin de que se rechace la prisión preventiva contra el exministro de Obras Públicas.
A las 10:00 de la mañana el ambiente en los alrededores del Palacio de Justicia se mantenía normal, con la única novedad de la cantidad de policías y vehículos de estos apostados, incluso, a varias esquinas del edificio.
Los acusados, todos detenidos desde hace casi 15 días, son los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
También, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El expediente incluye, asimismo, a los arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Se les acusa de desfalcar al Estado a través de pagos irregulares por la expropiación de terrenos a particulares.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Administración Pública (Pepca), que encabeza Wilson Camacho, y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Yeni Berenice, aseguran que partes importantes de los más de 19,000 millones desfalcados al Estado por la supuesta red fueron recibidos de manera personal por el exministro Gonzalo Castillo, entonces aspirante a la Presidencia de la República del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
