Catorce de los 20 imputados en la estructura de la Operación Calamar admitieron su culpabilidad, pero los otros seis no negociaron ni aceptaron los hechos que se les señalan.
Los que no negociaron y para los cuales el Ministerio Público solicitó prisión preventiva de 18 meses son: los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. También, contra el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y Aldo Antonio Gerbasi, exasesor del exministro de Hacienda.
A continuación, se presentan las acusaciones que les hacen a estos seis imputados:
Donald Guerrero
El Ministerio Público acusa a Donald Guerrero de aprovecharse de su cargo y de los fondos públicos que administraba como ministro de Hacienda durante la gestión 2016-2020.
Asegura que Guerrero ideó y creó un plan criminal para extraer fondos del Estado en su provecho personal, y para el financiamiento de las elecciones internas municipales y presidenciales del Partido de Liberación Dominicana (PLD), de cuyo Comité Central es miembro.
“El imputado Donald Guerrero junto con los imputados José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, se coalicionaron para distraer del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, un monto aproximado RD$ 704,298,350. Para lograrlo, consiguieron que el investigado Víctor Encarnación, director técnico de la OISOE, realizara volumetrías falsas de obras inclusos cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura. Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado dominicano. Los imputados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Víctor Encarnación y Daniel Omar de Jesús Caamaño, cometieron estas acciones, distrayendo montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas, las cuales tenían como sustento un reconocimiento de deuda, el cual el constructor no había solicitado y realizadas sobre una volumetría inexistente. Estas operaciones se realizan en el año 2019, pero la mayoría de las documentaciones se antedataron con fecha del año 2018, de acuerdo con las evidencias; esto para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una deuda del año 2019, no se podría pagar en ese mismo año bajo ese concepto”, indica.
Es acusado de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión, incompatibilidades con su calidad, soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y violación a los artículos 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 7 y 9.2 .4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; así como los artículos 59, 63, 64 y 78 de la ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Político para el Financiamiento ilícito de campañas políticas.
José Ramón Peralta
José Ramón Peralta, ex ministro Administrativo de la Presidencia, es acusado de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión, incompatibilidades con su calidad, soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y violación a los artículos 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 7 y 9.2 .4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; así como los artículos 59, 63, 64 y 78 de la ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Político para el Financiamiento ilícito de campañas políticas.
El Ministerio Público asegura que el imputado José Ramón Peralta estuvo presente en “La Casita”, ubicada en la calle Ceiba no. 102 esquina Helios en el sector de Bella Vista, Distrito Nacional, cuando Bolívar Ventura iba a hacer entrega de altas sumas de dinero en efectivo y el mismo le había dejado claro a Ventura que no cobraría un peso si no entregaba el dinero requerido “y efectivamente el señor Bolívar Ventura tuvo que entregar a la estructura la suma de RD$2,185,489,598, teniendo que entregar de la misma la suma de RD$1,231,993,188 a partir de las acciones delictivas iniciadas y de las que participó activamente el imputado José Ramón Peralta”.
El Ministerio Público asegura que el imputadotenía la investigación del Ministerio Público de manera infiltrada.
“El imputado José Ramón Peralta no solo es parte esencial de toda la estructuración del entramado, sino que, en evidencia ocupadas en el allanamiento realizado a su residencia en ocasión de la presente investigación, en la misma se ocupó evidencia que demuestran como el mismo tenía la investigación del Ministerio Público infiltrado, llegando a tener incluso en su poder una comunicación interna que le fue remitida por la PEPCA sobre los productos financieros del imputado a la Superintendencia de Valores, entidad de donde le entregaría al imputado copia de la orden y del requerimiento confidencial realizado por el Ministerio Público, en ese momento la Superintendencia de Valores estaba dirigida por el ciudadano Gabriel Castro González”, dice el expediente de solicitud de medida de coerción del caso.
Gonzalo Castillo
El Ministerio Público asegura que partes importantes de los fondos distraídos desde el Estado dominicano, en el caso conocido como Operación Calamar, fueron recibidos de manera personal por el mismo Gonzalo Castillo, entonces aspirante a la Presidencia de la República del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Mimilo Jiménez entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo, 3 mil 957 millones de pesos, quien los recibía en efectivo en bolsas y maleta de viajes confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales”, indican las autoridades.
El Ministerio Público asegura tener evidencia de que Gonzalo Castillo recibió esa cantidad en efectivo, en la mayoría de los casos de manera personal, de manos de Mimilo Jiménez.
Las autoridades sostienen también que era frecuente que “Gonzalo Castillo llamara y pidiera más y más recursos a sabiendas de la procedencia ilícita de estos fondos distraídos del Estado, que les fueron entregados supuestamente como parte de su campaña interna en el 2019 y su candidatura presidencial en el 2020”. Detalla que “los mismos no fueron declarados ante la Junta Central Electoral, evidentemente porque no se podía justificar la procedencia”.
“El investigado Donald Guerrero (Ministro de Hacienda en ese entonces), dio instrucciones a Mimilo Jiménez, para que entregara el indicado capital ilícito en efectivo al investigado Gonzalo Castillo Terrero y el mismo siempre confirmaba las entregas”, establece el documento de solicitud de allanamiento del Ministerio Público.
Gonzalo Castillo es acusado de asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, violación a los artículos 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 7 y 9.2 .4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; así como los artículos 59, 63, 64 y 78 de la ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Político para el Financiamiento ilícito de campañas políticas.
Se le acusa también de complicidad en las conductas tipificadas por los artículos 146, numerales 1 y 2, de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); del Código Penal los artículos: 123 (coalición de funcionarios), 166 (prevaricación), 171 y 172 (desfalco), 174 (concusión), 175 (incompatibilidades con su calidad), 177 (soborno o cohecho), y 405 (estafa contra el Estado); ley 448-06, artículo 2 (soborno con respecto ley 448-06).
Daniel Omar Caamaño
El Ministerio Público asegura que Daniel Omar Caamaño, ex Contralor General de la República, prevaricó y realizó actos dolosos continuos e incompatibles con sus funciones públicas, utilizando la autorización de pagos basados en cesiones de créditos.
El ex contralor recibió pagos de sobornos como resultado de autorizaciones irregulares de libramientos sin cumplir las formalidades de la ley, por lo que obtuvo pagos de aproximadamente RD$ 187,539,635 en soborno para fines de financiamiento ilícito de campaña”, indicó.
El expediente indica que el imputado “se enriqueció de manera injustificada utilizando prestanombres para recibir beneficios económicos de terceros, fruto de las operaciones delictuales que autorizó desde la Contraloría General de la República.
Luis Miguel Piccirillo
El Ministerio Público acusa al exdirector ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo Mccabe, de recibir RD$ 58 millones 949 mil en sobornos de parte de la estructura de corrupción de la Operación Calamar.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción, Luis Miguel Piccirillo Mccabe, exdirector del CEA, desde su posición, se coalicionó con al exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, Claudio Silver y demás imputados, “para realizar de manera de fraudulenta la compra de los terrenos correspondientes a las parcelas 25 y 31 del Distrito Catastral 8 (ubicándose en dicha demarcación el Merca Santo Domingo), a través del CEA, desfalcando al Estado dominicano con dicho acto ilícito”.
El Ministerio Público asegura que para materializar la referida compra fraudulenta de terrenos, el imputado “realizó diversas maniobras, que conllevó a alterar la naturaleza del CEA”.
“Recibió cincuenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa pesos con 44/100 (DOP 58,949,290.44), aproximadamente, en sobornos, de parte de la estructura de corrupción por la realización de dichos actos ilícitos que conllevaron a la estafa y desfalco del patrimonio público. Con el producto del pago de dicho soborno adquirió bienes inmuebles, constituyendo esta acción en el tipo penal de lavado de activos”, sostiene.
La acusación señala que los hechos cometidos por el imputado se subsumen en las conductas típicas establecidas en el artículo 146, numerales 1 y 2 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); del Código Penal en los artículos: 123 (coalición de funcionarios), 166 (prevaricación), 171 y 172 (desfalco), 174 (concusión), 175 (incompatibilidades con su calidad), 177 (soborno o cohecho), 265 y 266 (asociación de malhechores), y 405 (estafa contra el Estado); Ley 448-06, artículo 2 (soborno con respecto Ley 448- 06); Ley No. 311-14 en su artículo 18 (enriquecimiento ilícito); así como los artículos 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 7 y 9.2 .4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Aldo Antonio Gerbasi
Aldo Antonio Gerbasi Fernández, es el exasesor legal del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz y director interino de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública en el periodo 2016-2020.
En el proceso de los sucesores de Domingo A. Duluc, representados por el señor Génaro Arturo Quiñones Duluc, solicitó un soborno ascendente a la suma de cuarenta millones de pesos (DOP 40,000,000.00), para poder realizarle el pago de los terrenos expropiados, el cual lo recibió en su persona, con lo que se hace reo además de estafa al Estado al incrementar el pago para distraer los fondos”, asegura.
Los que negociaron
Los que negociaron con el Ministerio Público, para quienes se pidió una medida menos gravosa son: Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación, Luis Omar Fernández Figueroa, Yajaira Brito Encarnación, Ramón David Hernández y Claudio Silver Peña.
Fuente Diario Libre
