La Procuraduría General de la República informó ayer que "al menos siete fiscales" están involucrados en la red que fue desmantelada en la Operación Gavilán, integrada, además, por empleados administrativos y policías de esa institución, quienes se dedicaron "durante años" a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos crímenes.
Todavía no han trascendido los nombres de los fiscales para los cuales se solicitará, por ante las jurisdicciones correspondientes, la designación de un juez especial. Si son procuradores generales de las cortes, les corresponderían un juez de la Suprema Corte de Justicia, establece el artículo 154 de la Constitución. Mientras que el artículo 159 faculta a las cortes de apelación para llevar los procesos penales a los procuradores fiscales.
Docena de apresados
En la madrugada de ayer el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el caso sea declarado complejo a la Oficina Nacional de Atención Permanente del Distrito Nacional.
De los apresados, cuatro corresponden a la Fiscalía de Santiago, reveló su titular, Osvaldo Bonilla.
La coerción se conocerá contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información de la Procuraduría General; Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
Incluye a los empleados de la Procuraduría General Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el policía Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Se les conocerán las medidas de coerción a las 10:00 am de hoy.
Eliminación de ficha a "la J"
El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, dijo que investigan si fue en esa provincia que se eliminó la ficha a Joel Ambiorix Pimentel García (la J), a quien se le atribuye la amenaza a la procuradora general, Miriam Germán Brito.
Afectaron 8,000 registros
De acuerdo al documento de solicitud de medidas de coerción, la supuesta red de doce personas detenidas en la Operación Gavilán llegó a afectar hasta ocho mil fichas, algunas eliminadas y otras adulteradas.
Aunque el esquema fraudulento comenzó antes, fue a partir de marzo del 2022 que comenzó la investigación de las autoridades.
Fuente Diario Libre
