El Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció este viernes lo que calificó como un “atropello judicial” por el apresamiento de dos médicos por parte de la fiscalía de la provincia de La Vega, acusados de presunta mala práctica médica, al tiempo que advirtió sobre las implicaciones que, a su juicio, tendría la aplicación del nuevo Código Penal para el ejercicio de la medicina.
El presidente del gremio, Luis Alberto Peña Núñez, expresó el “más fuerte y firme rechazo” de la institución ante la actuación de la fiscalía, al considerar que el arresto de los médicos se produjo sin que se apliquen los protocolos correspondientes.
“El uso del apresamiento como medida inmediata, sin agotar el debido proceso y la investigación técnica pericial correspondiente, constituye una afrenta al ejercicio de la medicina en el país”, afirmó Peña Núñez durante una rueda de prensa.
Ante estas acciones, el Colegio Médico Dominicano anunció un paro nacional de 24 horas, que iniciará a las 8:00 de la mañana del martes 7 de julio. La jornada mantendrá la atención en las áreas de emergencias, pacientes hospitalizados y unidades de cuidados críticos.
“Le planteamos a las autoridades judiciales detener este tipo de atropellos advirtiendo que no escatimaremos esfuerzo en la defensa de nuestros médicos y en la dignidad del ejercicio de la medicina a nivel nacional”, dijo el presidente del gremio luego de anunciar el paro nacional.
Según el dirigente gremial, este tipo de acciones “sienta un precedente peligroso que criminaliza el acto médico” y advirtió que representa un adelanto de lo que, según el gremio, podría ocurrir con la aplicación de las nuevas disposiciones contempladas en el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Por esto, aseguró que existe un intento de utilizar la fuerza pública para intimidar a los profesionales de la salud. “No permitiremos que la Fiscalía utilice la prisión como una herramienta de presión mediática o punitiva”, manifestó.
Peña Núñez insistió en que las denuncias por presunta mala práctica médica deben ser conocidas mediante el debido proceso y con la realización previa de un peritaje médico-legal antes de adoptar cualquier medida coercitiva.