Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alerta y denuncia ante el país el deterioro que ha experimentado la administración pública durante los últimos seis años de gestión del PRM. Los resultados presentados por el Ministerio de Administración Pública evidencian que el Gobierno perdió la capacidad de ejercer uno de los deberes fundamentales de cualquier administración: conocer, organizar y gestionar adecuadamente el recurso humano del Estado.
El órgano rector de la función pública reconoce que el Estado no conoce con precisión cuántos empleados públicos tiene; que existen instituciones cuyos titulares desconocen cuántos colaboradores están bajo su responsabilidad; que hay empleados nombrados en una provincia que laboran en otra; personal que continúa figurando en la nómina y están fuera del país; y plazas que aparecen ocupadas sin que el servicio público se esté prestando.
Cuando un Gobierno no sabe con precisión quién trabaja para el Estado, dónde trabaja, cuánto cuesta la nómina y quién ingresó por mérito, ha perdido el control de la administración pública.
La evidencia demuestra que el problema no fue la falta de sistemas, sino la ruptura de la continuidad institucional, el manejo clientelar del Estado y la incapacidad de las actuales autoridades, pues al concluir la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) incorporaba aproximadamente el 97 % de los empleados del Gobierno Central permitiendo administrar la información del personal, controlar la nómina, gestionar expedientes electrónicos y dar seguimiento a la carrera administrativa.
A ello se sumaba el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), convertido en un referente regional para medir el desempeño institucional y fortalecer la transparencia en la gestión pública. A su vez, el país había iniciado una profunda transformación digital mediante el programa República Digital, con el cual más de mil servicios públicos fueron puestos a disposición de la ciudadanía de manera electrónica, acercando el Estado a la gente y reduciendo tiempos y costos en cientos de trámites.
Y a seis años de gobierno, el deterioro también puede medirse en la evolución de la carrera administrativa. En agosto de 2020 se contaba con aproximadamente 94 mil servidores incorporados mediante concursos públicos. Hoy, las autoridades presentan alrededor de 60 mil. Mientras disminuye el personal seleccionado por mérito, crece la nómina pública clientelar. Esa combinación debilita la profesionalización y reduce la capacidad técnica de las instituciones.
En ese mismo sentido, resulta contradictorio que el órgano responsable de racionalizar el empleo público incremente simultáneamente su gasto en nómina y la cantidad de empleados y reconozca que el Estado tiene empleados en nominillas. De acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la nómina que cotiza pasó de 652,033 en agosto del 2020 a unos 780,000 en mayo del 2026, sin incluir los contratados y temporales. Y al comparar la nómina de empleados fijos y contratados solo del MAP entre agosto de 2020 y junio de 2026 se observa que el gasto mensual pasó de RD$19.5 millones a RD$32.7 millones, un incremento de RD$13.2 millones mensuales, equivalente a un crecimiento del 67.5 %.
Las consecuencias de este deterioro institucional no se quedan en las oficinas públicas. Las sufren millones de dominicanos y dominicanas que esperan servicios públicos oportunos y de calidad. Cada peso destinado a una nómina que crece sin planificación es un peso que deja de invertirse en hospitales mejor equipados, medicamentos, mayor seguridad ciudadana, agua potable, un sistema eléctrico más confiable y obras que mejoren la calidad de vida de la población.
Pero el impacto no es únicamente presupuestario. Cada servidor de carrera sustituido por criterios distintos al mérito debilita la capacidad técnica del Estado y termina afectando la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
A ello se suma una preocupación legítima sobre la administración de los recursos públicos. La nómina constituye uno de los principales componentes del gasto corriente del Estado y, por tanto, requiere los más altos niveles de control, transparencia y rendición de cuentas. En un contexto en el que el país enfrenta restricciones fiscales y existe un debate permanente sobre cómo financiar mayores inversiones en salud, seguridad e infraestructura, resulta especialmente importante que los recursos destinados al pago de personal estén debidamente justificados, respondan a criterios objetivos y contribuyan al funcionamiento eficiente de la administración pública.
Después de casi seis años de gestión, estos resultados corresponden a decisiones adoptadas durante el actual período de gobierno y ponen de manifiesto la necesidad de recuperar la institucionalidad de la administración pública.
La pregunta que hoy esperan respuesta los dominicanos es sencilla: si el propio órgano rector reconoce que el Estado perdió capacidad para controlar su recurso humano, ¿qué mecanismos está utilizando el Gobierno para evitar el crecimiento innecesario de la burocracia y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos?
La administración pública dominicana necesita recuperar el mérito, fortalecer sus mecanismos de control y garantizar una gestión transparente de los recursos humanos del Estado. En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana propone las siguientes medidas:
Publicar, institución por institución, la evolución de la nómina pública desde agosto de 2020, indicando el número de servidores, el gasto mensual y las variaciones registradas.
Publicar el número actualizado de servidores incorporados a la carrera administrativa y los concursos públicos realizados desde agosto de 2020.
Restablecer el mérito como criterio obligatorio para el ingreso y permanencia en la función pública.
Realizar una auditoría sobre la evolución de la nómina pública, la carrera administrativa y los sistemas de gestión de recursos humanos.
Retomar una política integral de transformación digital que fortalezca la transparencia, la interoperabilidad y los servicios públicos digitales.
En una época en la que los gobiernos hablan de inteligencia de datos, gobierno digital y gestión por resultados, conocer el tamaño de la nómina pública debería ser un requisito elemental para inspirar confianza en la administración del Estado.
El PLD reafirma su compromiso con una administración pública basada en el mérito, la transparencia y la eficiencia, porque fortalecer las instituciones es la mejor forma de servir a la ciudadanía.