Santo Domingo, RD.– La gestión de Luis Henry Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estuvo marcada por un proceso de reorganización institucional orientado a reducir el histórico atraso judicial, modernizar los procesos mediante herramientas tecnológicas y reformar mecanismos clave como el recurso de casación, con el objetivo de lograr una justicia más ágil y eficiente.
Uno de los principales desafíos asumidos por la actual administración judicial fue enfrentar el cúmulo de expedientes pendientes que heredó la Suprema Corte de Justicia. A inicios de 2020, el máximo tribunal del país acumulaba 18,357 recursos de casación y otros asuntos judiciales pendientes, incluyendo expedientes que habían ingresado desde 1982.
Bajo el lema “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, la SCJ implementó un plan de emergencia que incluyó una reorganización de la Secretaría General, establecimiento de metas de productividad y una estrategia diferenciada para las tres salas especializadas del tribunal.
Como resultado, en 2021 la Suprema Corte resolvió 11,637 casos pendientes, logrando por primera vez que la cantidad de expedientes solucionados superara los nuevos casos recibidos.
Posteriormente, al cierre de 2022, el tribunal logró resolver todos los expedientes ingresados antes de 2019, reduciendo los casos pendientes de audiencia y fallo a 1,766, lo que representó una disminución del 81% del atraso acumulado.
Para noviembre de 2024, la Suprema Corte informó que había eliminado los casos pendientes anteriores al año 2023. La Segunda Sala Penal alcanzó un nivel de operación sin expedientes pendientes de ese período y sin trámites con más de seis meses de antigüedad.
Entre junio de 2019 y noviembre de 2024, la SCJ resolvió 47,986 casos, mientras que, a nivel nacional, aproximadamente el 35% de los tribunales dominicanos operaban totalmente al día.
Reforma del recurso de casación
Para garantizar que la reducción del atraso judicial pudiera mantenerse en el tiempo, el Poder Judicial impulsó una reforma al recurso de casación, considerado uno de los principales puntos de congestión del sistema.
El Congreso Nacional aprobó la Ley No. 2-23 sobre Recurso de Casación, promulgada el 17 de enero de 2023, sustituyendo la legislación vigente desde 1953.
La nueva normativa introdujo el concepto de interés casacional, mediante el cual la Suprema Corte concentra su trabajo en aquellos casos que permiten establecer criterios jurídicos de importancia nacional y crear precedentes para los tribunales inferiores.
Además, la ley eliminó trámites considerados innecesarios, como la opinión obligatoria del Ministerio Público en asuntos civiles, redujo audiencias en procesos exclusivamente jurídicos y estableció plazos más estrictos para la resolución de expedientes.
Los cambios reflejaron una reducción significativa en los tiempos procesales. Bajo el régimen anterior, un caso podía tardar en promedio 639 días desde su ingreso hasta la sentencia, mientras que con la nueva legislación el tiempo promedio de tramitación bajó a 131 días.
Asimismo, la asignación de expedientes a las salas pasó de procesos que podían durar hasta 365 días a un plazo máximo de 37 días hábiles.
Transformación tecnológica y justicia digital
Otro eje central de la gestión fue la digitalización del sistema judicial, proceso que se aceleró con la llegada de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020.
Para evitar la paralización de los tribunales, el Consejo del Poder Judicial aprobó medidas que permitieron la firma electrónica, el teletrabajo y las audiencias virtuales. Sin embargo, estas decisiones generaron cuestionamientos de sectores jurídicos, especialmente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que alegó que algunos cambios requerían aprobación legislativa.
La controversia llegó al Tribunal Constitucional, que, en septiembre de 2021, mediante la Sentencia TC/0286/21, estableció que la regulación de la forma en que se desarrollan los procesos judiciales corresponde al Congreso Nacional, al considerar que el Poder Judicial no podía modificar por reglamento aspectos reservados a la ley.
Tras este fallo, la Suprema Corte y el Congreso impulsaron una nueva regulación que dio paso a la Ley No. 339-22 sobre Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, aprobada para formalizar la implementación tecnológica.
El reglamento de esta legislación fue aprobado en octubre de 2022, estableciendo el uso de herramientas digitales de manera voluntaria para las partes y otorgando validez jurídica al expediente electrónico, las notificaciones digitales y los procedimientos a distancia.
Entre los avances tecnológicos desarrollados durante este período destacan: JURITECA, una plataforma pública y gratuita que permite consultar más de 400,000 sentencias y decisiones judiciales; El portal justicia.gob.do, diseñado para facilitar trámites, seguimiento de casos, validación digital de documentos y acceso a estadísticas judiciales; La instalación, en 2024, de sistemas de grabación y herramientas tecnológicas en 34 salas de audiencias, con planes de expansión nacional.
Protección a víctimas y modernización institucional
Dentro de las medidas de fortalecimiento del sistema judicial también se amplió la red de Centros de Entrevistas Forenses, mediante el uso de cámaras Gesell y circuitos cerrados de televisión.
Estas herramientas permiten que víctimas y testigos vulnerables puedan ofrecer sus declaraciones en ambientes protegidos, con acompañamiento psicológico y evitando la repetición constante de testimonios durante los procesos judiciales, reduciendo así la revictimización.
Carrera judicial, escalafón e integridad institucional
Otro aspecto relevante de la gestión fue la implementación de mecanismos para fortalecer la carrera judicial y reducir decisiones discrecionales en los ascensos y traslados de jueces.
En 2021, el Consejo del Poder Judicial aprobó el Reglamento del Sistema de Escalafón Judicial y selección de cargos, estableciendo criterios objetivos basados en: Tiempo de servicio dentro del Poder Judicial; Permanencia en la categoría actual; Evaluaciones de desempeño y capacidad profesional.
Como parte de esta política, en diciembre de 2021 el Pleno de la Suprema Corte aprobó el ascenso de 161 jueces y juezas pertenecientes a los 11 departamentos judiciales del país, aplicando criterios de mérito y antigüedad.
Debates y cuestionamientos durante la gestión
La administración de Luis Henry Molina también estuvo acompañada de debates políticos e institucionales.
Desde su elección en abril de 2019, sectores opositores cuestionaron su trayectoria previa como viceministro de la Presidencia y director de campaña política en 2016. Molina respondió que la independencia judicial debía medirse por las decisiones de los jueces, el respeto a la ley y su capacidad para resistir presiones externas.
Otro punto de conflicto fue el enfrentamiento con el Colegio de Abogados entre 2020 y 2022 por la implementación de la virtualidad judicial. Aunque la tensión disminuyó tras la aprobación de la Ley 339-22, el episodio evidenció los desafíos de introducir cambios tecnológicos en el sistema judicial sin una base legislativa previa.
Evaluación de FINJUS
Al acercarse el cumplimiento del período constitucional de siete años de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) realizó una evaluación de la gestión.
Su vicepresidente, Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó como aspectos positivos la modernización del sistema, la reducción del atraso judicial y la profesionalización de la carrera judicial mediante el escalafón.
No obstante, FINJUS planteó críticas al modelo de evaluación de los jueces de la Suprema Corte, señalando que el Consejo Nacional de la Magistratura mantiene una composición mayoritariamente política y carece de un equipo técnico permanente para evaluar el desempeño judicial.
La entidad propuso una reforma constitucional que elimine las evaluaciones periódicas y establezca un mandato único de siete años para los magistrados de la Suprema Corte, con el objetivo de fortalecer su independencia frente a presiones políticas.