La Policía Nacional confirmó que el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, se encuentra bajo custodia policial, presuntamente tras sostener una riña, en San Juan de la Maguana.
El vocero del organismo, coronel Diego Pesqueira manifestó que se encuentran fase de conocer en detalle cómo ocurrieron los hechos en que el campo corto fue apresado en la provincia sureña.
Asimismo, indicó que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía de San Juan de la Maguana y en lo adelante ofrecerán más detalles sobre el hecho.
El año pasado Wander Franco fue acusado de abuso sexual y explotación sexual en contra de una menor, de 14 años.
El pasado 15 de agosto el padre de la menor solicitó en el juicio preliminar la puesta en libertad del pelotero dominicano.
Wander Franco enfrenta una acusación de trata de personas, explotación sexual y lavado de activos.
Deberá comparecer a audiencia el venidero 12 de diciembre, en el comienzo del juicio de fondo en su contra y de la madre de la menor involucrada en el caso, que también está siendo acusada.
En este caso, el padre de la menor que previamente se había querellado contra el pelotero terminó con un desistimiento, y pidiendo se emita un auto de no ha lugar a favor del beisbolista, con lo que Franco podría salir del proceso sin cargos.
Las pretensiones de William Gonzales, padre de la menor de 16 años, es desistir de las acusaciones que pesan en contra del jugar Franco.
El torpedero dominicano y su equipo, los Rays de Tampa, pactaron un acuerdo de 11 años y 182 millones. Ese contrato se firmó en noviembre de 2021.
En el caso de que el torpedero no pueda regresar al béisbol organizado, dejaría perder poco más de 200 millones, eso incluye los años de opción entre él y su equipo.
Desde el año 2027, Wander Samuel Franco cobraría por encima de los 20 millones (22.4). Su salario ascendería a 25 millones por año desde el 2028 hasta el 2033. En ese último año el equipo tiene la opción de continuar con el contrato o reformular la oferta, solo en esa temporada.
Al pelotero Wander Franco le fue impuesta medida de coerción el 8 de enero de este año.
